Según sus datos, el 67% de los internautas españoles descargan contenidos de forma no autorizada, subiendo al 81% en internautas menores de 24 años. Además, entre los 10 operadores de todo el mundo en los que más intercambios P2P se realizan se encuentran Telefónica, Jazztel y Uni2. Para solucionar este problema, el lobby pro-copyrigh solicita una serie de medidas (pdf), entre las que destacamos las siguientes:
- Alcanzar un acuerdo con los proveedores para implementar de forma inmediata y efectiva la respuesta gradual.
- Anular la circular de la Fiscalía en la que se declaraba que el P2P no era delito.
- Asignar más recursos policiales para la investigación de actividades en Internet.
- Facilitar la obtención de datos personales para las demandas civiles (casoTelefónica vs Promusicae).
- Asegurarse de que la decisión de la Audiencia Provincial de Valencia en el caso ChipSpain no se vuelve a repetir.
- Implementar sistemas de retirada de contenidos en Internet y modificar la actual definición de conocimiento efectivo.
- Cambiar la ley de protección de datos para facilitar los procedimientos penales y civiles.
Se calcula que si las compañías que a los españoles nos ofrecen el internet más lento y caro de Europa "prohibiese" las redes P2P, podrían darse de baja unos 4.000.000 de usuarios (yo el primero)
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